El TSJ obliga a Rafael Calvo a publicar la anulación de la ordenanza taurina de 2004

La Justicia ha tenido que obligar al Ayuntamiento de Segorbe a informar a la ciudadanía sobre la anulación parcial de la Ordenanza Reguladora de Festejos Taurinos. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana emitió un auto el 30 de noviembre de 2010 en el que instaba al Ayuntamiento de Segorbe a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón la sentencia que anula dos artículos y un anexo de la ordenanza aprobada en 2004.
El alto tribunal valenciano ha tenido que apremiar al Ayuntamiento a cumplir la sentencia al no hacerlo por iniciativa provincia. El equipo de gobierno del Partido Popular, a cuyo frente se encuentra el alcalde, Rafael Calvo, tardó cuatro meses en darse por enterado de la obligación de publicar el fallo en el BOP y, aun así, lo hizo sin cumplir fielmente lo que pedía el tribunal.
El Ayuntamiento publicó el texto en el BOP el  pasado 17 de marzo de 2011, después de transcurrido el plazo improrrogable de dos meses que había fijado el tribunal, y la publicación se hizo de forma errónea, ya que en la resolución publicada se dice que han sido anulados los artículos 1 y 12 y el Anexo I de la ordenanza taurina, cuando en realidad la sentencia establece que lo anulado por ser contrario a Derecho son los artículos 4 y 12 de la ordenanza y el Anexo I de la misma.
Un vecino de Segorbe, Francisco Pérez Ardit, presentó en su día un recurso contencioso-administrativo y logró que la Justicia le diese la razón. Según la sentencia, con la ordenanza de 1 de junio de 2004 el Ayuntamiento vulneró los principios de temporalidad, libre concurrencia y publicidad. Los artículos 4 y 12 son contrarios a Derecho “puesto que disponen el otorgamiento directo de las autorizaciones a quienes, con anterioridad a la aprobación de la ordenanza venían actuando como montadores de los “entablaos”, así como a determinadas peñas”. Además, la ordenanza preveía dar autorizaciones en el futuro sin ningún tipo de licitación previa. En el Anexo I de la ordenanza se hacía una enumeración de los beneficiarios y montadores a los que se les adjudicaba la autorización.

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