Galindo analizó las estrategias para
camuflar el dinero B: empresas fachada, para simular
negocio cuando no lo hay; empresas pantalla, cuando se articula un
conglomerado de sociedades, con testaferros, para dificultar el
acceso a la información real de quién está detrás de la empresa;
contrabando en efectivo, que es cuando se evade capital a paraísos
fiscales; y, en última instancia, artimañas como, por ejemplo, la compra de
billetes de lotería premiados, con lo que se consigue aflorar el
dinero negro, una práctica atribuida a algún político reciente de
la provincia de Castellón.
Los costes de la corrupción
En el transcurso del programa también
expuso los costes que la corrupción tiene para un país. “La
corrupción engloba dos tipos de delitos, soborno y blanqueo de
capitales”, señaló. La estimación de expertos de la Universidad
de las Palmas es que ambos delitos mueven 40.000 millones de euros
cada año. El estudio universiario no solo evalúa el coste directo
por la realización, del delito, sino el coste social y reputacional.
“El blanqueo de capitales es un delito del siglo XXI y está
dilapidando el Estado del bienestar en España”, aseveró, “por
lo tanto, debe ser combatido con fuerza”.
Cómo se detecta
El último tramo de su intervención en
la Sexta Noche, Galindo lo dedicó a profundizar en los sistemas de
control del blanqueo, que, en principio son dos: la represión a
través de la vía judicial penal y la prevención a nivel
administrativo. En el primer caso, actúan los jueces con auxilio
fiscalía y las fuerzas policiales, pero esta persecución de la
corrupción llega tarde: el delito se ha cometido y es difícil, o
casi imposible, recuperar el dinero defraudado. Galindo recalcó la
importancia de la prevención. “La Administración del Estado
necesita de modelos de prevención de delitos administrativos y
económicos”, añadió.
Fiscalización y control
Para combatir los delitos, desde la
Administración se debería exigir más información sobre quién
está detrás de las empresas que concurren a una licitación de una
obra o servicio público. Los socios con más del 25% de la propiedad
de la empresa deberían estar identificados. Por otro lado, debería
fiscalizarse más el destino del dinero público que va a parar a
manos privadas para realizar proyectos. Y, sobre todo, poner más
regulación al blanqueo de dinero negro a través de los bancos.
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